Democracia inmadura

Han pasado diez meses desde la intervención de la Guardia Civil y la Justicia en el ayuntamiento de Totana, en lo que se denominó operación Tótem.
Este hecho pasará a la historia negra del municipio de Totana y de la Región de Murcia. Pocos pensaban que la corrupción había clavado sus zarpas en el ayuntamiento de Totana, y pocos eran los que pensaban que nuestros alcaldes habían caído en la tentación de las corruptelas.
En este tiempo han pasado muchas cosas que han alterado la vida social y política de un municipio tranquilo, como lo era Totana. El alcalde estuvo dos meses en prisión, hemos sabido con todo lujo de detalle las tramas de la corrupción, los grupos políticos del ayuntamiento están más enfrentados que nunca, la sociedad dividida, y la economía en caída libre (en estos meses el paro ha aumentado en casi un 60% en Totana).
Somos muchos los que no podemos entender cómo sabiendo lo que ahora sabemos siguen los mismos protagonistas dirigiendo el municipio más agarrados que nunca a sus cargos.
Todos tenemos derecho a la presunción de inocencia, pero ojo, en el ámbito judicial. Los jueces dirán en su momento qué penas corresponden a los presuntos delincuentes. Sin embargo en lo político no debe existir la presunción cuando las pruebas son tan contundentes.
Se le imputan al alcalde nueve delitos graves cometidos, todos ellos, en el desempeño de su cargo: malversación, falsedad de documento, cohecho, etc. Quien haya tenido acceso al sumario habrá podido comprobar que entre junio de 2007 (que tomó posesión) y noviembre de 2007 (que intervino la UCO), se dedicó, casi en exclusiva, a utilizar su cargo para su beneficio o el de sus amigos, al menos eso se desprende del sumario.
Los acontecimientos han demostrado la gravedad de los hechos, sin precedentes, al menos que se hayan demostrado, en nuestra Región. A un alcalde no se le mete en prisión por nada, y he de recordar que la primera teoría del PP de confabulación judicial contra ellos se desmoronó inmediatamente al comprobar que el máximo tribunal de justicia de nuestra región ratificó las decisiones del Juzgado de Instrucción nº 1 de Totana, y lo que es más contundente, el conocimiento público del sumario ha demostrado tal gravedad.
Es incomprensible que después de todo esto el alcalde siga siendo el mismo, que el diputado siga estando en la Asamblea en representación de los murcianos o que los concejales que ayudaron y consintieron, a sabiendas de lo que estaba pasando, sigan en sus cargos.
A una inmensa mayoría de ciudadanos nos resulta incomprensible que el PP regional o quien manda allí no haya tomado medidas contundentes. Son muchos los que buscan explicación a tal pasividad y la encuentran en la complicidad. También nos resulta incomprensible que el PSOE regional no haya tomado iniciativas en la Asamblea Regional para limpiar las instituciones de corruptos. Nos resulta incomprensible que los medios de comunicación regional, que tanto tienen que decir en estos asuntos, no estén un día y otro preguntando al presidente por qué no adopta medidas contundentes contra la corrupción. Nos resulta incomprensible que las instituciones públicas nacionales, regionales o locales no adopten medidas para aislar a quien la justicia acusa de los peores delitos a los que se puede imputar a un cargo público.
Todos somos responsables de lo que está pasando en Totana, y por consiguiente de la desconfianza de miles de ciudadanos de la Región en las instituciones públicas, en los cargos electos y en la política en general.
Estoy seguro de que esto no ocurriría en cualquiera de los países democráticos de nuestro entorno. Allí se sabe que el sistema democrático sin ser perfecto es el mejor de los conocidos, y cuando algo como lo ocurrido aquí pasa, se toman medidas de carácter político de inmediato.
Y es que nuestra democracia, además de ser joven, es probablemente todavía bastante inmadura.